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Fondos NextGeneration EU: ¿con enfoque social?

Se habla mucho de la orientación social de los Fondos NextGenerationEU, pero ¿hasta qué punto es real esta orientación? ¿qué pueden esperar las entidades sociales de estos fondos?
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Fondos NextGenerationEU:
¿con enfoque social?

Por Julio Alonso Gil
Consultor de Stone Soup I 15 de septiembre 2021

NextGeneration Fondos

Se habla mucho de la orientación social de los Fondos NextGenerationEU, pero ¿hasta qué punto es real esta orientación? ¿qué pueden esperar las entidades sociales de estos fondos?

El pasado 17 de agosto, la Comisión Europea transfirió al Tesoro de España los primeros 9.000 millones de euros correspondientes al Plan de Recuperación y Resiliencia, el 13% del total de las transferencias que nuestro país va a recibir hasta el año 2026 en el marco del programa NextGenerationEU. Es, sin duda, una buena noticia.

Desde que el Consejo Europeo aprobara el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU hasta que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) aprobase definitivamente el plan de recuperación español, hemos estado siguiendo, con mayor o menor intensidad y mucha curiosidad, múltiples noticias, seminarios, workshops y cursos sobre el tema. La información disponible es abundante y en algunos casos hasta abrumadora, pero ¿sabemos exactamente cómo va a afectar al sector social? ¿cómo podremos utilizar para nuestros fines sociales esta ingente cantidad de recursos?

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula en un conjunto de inversiones a realizar entre 2021 y 2026 (el 80% se prevé ejecutar antes de 2023), y un programa de reformas estructurales y legislativas orientadas a abordar los principales retos de nuestro país.

En concreto, el plan para España aborda cuatro ejes transversales alineados con las agendas estratégicas de la UE, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Además, estos cuatro ejes se concretan en 10 políticas palanca y 30 componentes que articulan el programa de reformas e inversiones.

Al aproximarnos a la documentación oficial disponible sobre esta compleja estructura, puede parecer inicialmente que el programa viene marcado por una fuerte orientación social. Sin embargo, cuando buceamos entre los detalles observamos que esta finalidad ya no está tan clara.

De los 30 componentes que articula el Plan, sólo existen dos centrados en políticas sociales. En concreto, los números 22, “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”; y 23, “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”.  En total, ambos componentes recibirán 4.855 millones de euros, una cantidad que, aunque puede parecer extraordinaria, sólo representa el 6,9% del total de fondos dedicados al Plan.

Componentes con objetivo social

Con el objetivo de esclarecer la información disponible y analizar el enfoque social de los fondos, hemos resumido algunos detalles importantes de los dos componentes que citamos:

 El  “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión” recibirá 2.492 millones de euros, con los siguientes objetivos:

Modernizar y digitalizar las políticas de cuidados y, en general, de los servicios sociales.

– Reforzar las políticas de atención a la dependencia, impulsar el cambio del modelo de cuidados de larga duración hacia una atención más centrada en la persona que tienda a la desinstitucionalización.

– Reforzar la atención integral de las personas más vulnerables a través de un conjunto de políticas que permitan su plena inclusión social y laboral. El Plan propone un nuevo modelo de inclusión a partir del Ingreso Mínimo Vital que aborda varios retos como: mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado, fomentar la activación laboral de las personas beneficiarias, y evitar la “trampa de la pobreza” fomentando la coordinación y la gobernanza entre los agentes involucrados en las políticas de inclusión.

– Reforzar la lucha contra la violencia machista extendiendo y mejorando la accesibilidad de los servicios de atención integral.

Reformar el sistema de atención humanitaria y acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema de acogida y reforzar la eficiencia del sistema en su dimensión prestacional.

– Invertir en formación que permita elevar la cualificación y profesionalización de los cuidadores, mejorar sus condiciones laborales y reducir la precariedad y la economía sumergida.

Las “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” tienen una financiación de 2.363 millones de euros y aglutinan los siguientes objetivos:

– Impulsar la reforma del mercado laboral español para corregir las debilidades estructurales. En concreto, se realizarán medidas para regular el trabajo a distancia, eliminar la brecha de género, regular el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales y simplificar los contratos: generalizar el contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación temporal.

– Impulsar las políticas activas de empleo orientándolas a la capacitación de los trabajadores en aquellas áreas que demanda la transformación de nuestra economía. A través de la modernización de políticas activas de empleo, el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición, la revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral, la modernización de la negociación colectiva, de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, así como la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo.

Digitalizar el Servicio Público de Empleo Estatal para contribuir a la modernización y eficiencia de los servicios de empleo.

La medición del impacto social como condición necesaria

Como señalamos anteriormente, estos dos componentes son los únicos con un claro objetivo de enfoque social. Sin embargo, debemos recordar un aspecto muy importante que permitirá analizar el impacto social real de los fondos NextGenerationEU: todos los planes, programas e iniciativas financiados deberán llevar un informe de evaluación de impacto social.  

Desde hace unos años, la Unión Europea requiere la evaluación del impacto social de todas las iniciativas que financia. Con la aprobación de los fondos NextGenerationEU este requerimiento se transforma en una condición necesaria, así como en uno de los retos más complejos a los que se enfrentan los proyectos que solicitan los fondos. Por el momento, la UE no ha definido una metodología estándar para evaluar sus programas, y las directrices del Plan tampoco aclaran los requisitos necesarios de evaluación que deben cumplir los proyectos. En cualquier caso, todos deberán incorporar una evaluación de impacto social que permita realizar tanto un seguimiento adecuado durante su desarrollo, como una evaluación final.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es una gran oportunidad de futuro para España que esperamos poder aprovechar en su totalidad. Los objetivos son ambiciosos, deben ejecutarse en plazos de tiempo muy ajustados y con un grado exigente de cofinanciación público-privada.  También es necesario recordar que la llegada de fondos está supeditada a la consecución de los compromisos adquiridos con las reformas laborales y de pensiones, y a la buena gestión de los fondos recibidos.

Se trata de un nuevo reto mayúsculo para el país que esperamos poder superar entre todos. Una gran oportunidad para las entidades sociales que pueden desarrollar un papel importante en la ejecución de los programas, así como para las empresas que quieran dotar de contenido social a sus proyectos. Un paso firme para que España continúe por el camino de la sostenibilidad económica, social y ambiental.


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